El artículo analiza la manera en que operó la justicia penal en el fuero común en México, durante el proceso de institucionalización del Estado revolucionario (1920-1930) en el Distrito Federal. A partir de fuentes como legislación penal, expedientes judiciales y peticiones de indulto, muestra cómo, a pesar de que la pena de muerte estaba estipulaba como sanción para el delito de homicidio calificado en el código penal de esta entidad, no se recurrió a ella con frecuencia y, más bien, los gobiernos revolucionarios utilizaron el indulto, condonaron la muerte como castigo o disminuyeron la condena en años de prisión con el interés de legitimarse y construir la imagen de un Estado equitativo que se revestía con el don de la absolución y, por tanto, de la justicia.